Tan solo cuatro años después del famoso apagón analógico, tras el
cual se nos presentó un nuevo panorama televisivo basado en la multiplicidad de
canales, con una mayor oferta y variedad de contenidos, las expectativas
creadas parecen no haberse cumplido. Ayer, 5 de mayo a las 23:59 horas, Xplora, Nitro, La Sexta3, La Siete o Nueve,
entre otros, dejaron de emitir por orden del Ministerio de Industria, que
decidió aplicar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que obligaba a la
supresión de un total de nueve canales por considerar que en su momento fueron
concedidos sin concurso público, incumpliendo la Ley del
Audiovisual.
Desde sus inicios, las parrillas de la mayoría de estas televisiones
se nutrieron de redifusiones, lo que llevó a que la TDT se fuera devaluando poco
a poco. A mayores, la recesión económica trajo consigo un fuerte descenso en
inversión publicitaria y los anunciantes prefirieron concentrar sus
emplazamientos en los principales canales.
Esta sentencia supone un nuevo golpe para el sistema de la TDT
nacional, que de un día para otro, ha visto reducida su oferta en un 37’5%, pasando de 24 canales gestionados por los
cuatros operadores nacionales (Mediaset, Atresmedia, Veo y Net) a 15.
En conjunto, los nueve extinguidos acumulaban una audiencia del
6’7% de cuota de pantalla, un nicho de mercado que ahora queda vacío. Ante esta
problemática, Atresmedia y Mediaset han apostado por mantener, junto a sus
canales generalistas, aquellos más segmentados, como Divinity, FDF, Boing,
Energy, Neox o Nova, con los cuales se ha logrado una mayor penetración y
rentabilidad en comparación con el resto.
Polémica
La decisión del Gobierno de no recurrir la sentencia fue criticada
desde numerosos frentes: tanto las principales televisiones comerciales
como las asociaciones de usuarios, quienes consideran que este hecho supone una pérdida
importante para el derecho de los espectadores de elegir contenidos y que, además, va en
contra de la filosofía inicial de la TDT, basada en mayor oferta y calidad.
Ante la amenaza de que puedan ser eliminadas ocho frecuencias más,
la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) pide que se blinden
jurídicamente los 15 canales que quedan en emisión, para dotar al sistema de
mayor seguridad y estabilidad, y que no vuelva a ocurrir algo así. Además, solicitarán
al Gobierno una indemnización económica por el perjuicio causado.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de los Medios (iCmedia) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), reclaman
transparencia en un posible proceso de
adjudicación de nuevas licencias televisivas, a fin de asegurar la competencia
y el libre mercado.
Una vez desalojadas las frecuencias, se presentan ahora tres
escenarios posibles: que el Gobierno las saque a concurso público gratuito; que
lo haga de pago, mediante una subasta de carácter público otorgándolas a los
grupos que ofrezcan más dinero; o que se saquen a concurso y quede desierto. Habrá
que esperar a ver cómo se resuelve este conflicto, que
afecta a un sector que genera más del 1% del PIB en España.
No hay comentarios:
Publicar un comentario