Desde que se dio a conocer la medida de la limitación de velocidad en autopistas a 110 kilómetros por hora como iniciativa de ahorro de combustible, la polémica fue casi inmediata. La mayor parte de la ciudadanía no ha recibido esta actuación como un mensaje de fomento de la eficiencia y la lucha contra la crisis energética, sino como una forma rápida de aumentar la recaudación a través de multas por exceso de velocidad, ante un contexto económico de falta de liquidez en las arcas públicas.
Hay expertos que también cuestionan la medida por múltiples razones: que los últimos modelos de vehículos no bajan tanto su consumo (un 10% asegura la Administración) por una reducción de 10 km/ hora en su velocidad (sólo un 3%), que afecta sólo a autopistas y autovías (el 60% por ciento del tráfico) sin tener en cuenta el resto de carreteras, o que los vehículos pesados y de transporte de mercancías tienen su límite en estas vías en 100 o 90 km/hora, por lo que no se producirá ahorro alguno un sector económico que consume mucho carburante, entre otros muchos motivos.
Toda esta avalancha de datos que reciben los ciudadanos a través de los medios, desautorizan la decisión del Gobierno, que además no ha exhibido una clara respuesta que contrarreste los argumentos negativos. El Ejecutivo esgrime que este tipo de normas ya se habían impuesto antes, como cuando en Estados Unidos Richard Nixon redujo el límite a 55 millas por hora (unos 90 km/hora) para bajar el consumo de petróleo ante la crisis de 1973. Lejos de parecer un argumento sólido, esta idea da pie a una reflexión a ojos de cualquier ciudadano medio: ¿no ha habido tiempo en casi 40 años para tomar medidas estructurales necesarias que configuren un modelo energético menos dependiente del petróleo y más sostenible? Este tipo de mensajes y “medidas provisionales” públicas transmiten una imagen de incoherencia e improvisación difícil de contrarrestar incluso con la mejor comunicación y los mejores portavoces.
