¿TENDREMOS “DERECHO AL OLVIDO” EN INTERNET? ANALIZAMOS EL CASO GOOGLE

En una época en la que nuestra imagen online puede arruinar nuestra reputación e incluso costarnos un puesto de trabajo, la posibilidad de eliminar la llamada huella digital cobra más importancia que nunca. Esta temática, en torno a la que existe un cierto vacío legal, ha abierto un gran debate sobre el “derecho al olvido”, así como el grado de responsabilidad que tienen los motores de búsqueda, y hasta qué punto perjudican la intimidad de las personas.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaba un fallo histórico, prevaleciendo por primera vez el citado derecho frente a los intereses comerciales de los motores de búsqueda de Internet. El pleito enfrentaba a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en nombre de un ciudadano particular, contra Google, buscador líder en España. La demanda exigía la retirada de un anuncio por impago publicado en la La Vanguardia, ya resuelto años atrás, y a cuyo link seguía enlazando los resultados de búsqueda.

Google se ha negado siempre a reconocer este derecho, justificando su actuación bajo el amparo de la libertad de expresión y declinando toda responsabilidad al alegar que, al ser una compañía estadounidense, no están sujetos a la legislación europea ni española.

Hace tan solo unos meses, el mismo Tribunal de Justicia se pronunciaba contrariamente, dando la razón a Google, considerando en esa ocasión en que la responsabilidad final reside en  los editores de las páginas web que hayan publicado las informaciones y no en los propios buscadores, que simplemente las recogen y almacenan para mostrarla.

En cambio, la última sentencia apunta a una dirección completamente opuesta y, pese a las quejas de la compañía, las primeras consecuencias no se han hecho esperar: Google ha anunciado que está trabajando en una herramienta  que permitirá a los usuarios denunciar enlaces potencialmente nocivos, que serán eliminados si consiguen pasar un proceso de comprobación e investigación previa.

La mayoría entiende que, a partir de ahora, será posible hacer desaparecer nuestra huella digital. Sin embargo, parece que esta herramienta no hará más que aumentar la incertidumbre al presentar más incógnitas que soluciones. Por un lado, se cuestiona el poder que se le está dando a una empresa privada sobre la información. Por otro, está en duda la capacidad de Google para tomar este tipo de decisiones y asumir correctamente una posible avalancha de peticiones de eliminación de datos sin que vea injustamente mermado el derecho al acceso a la información, considerado como uno de los mayores hitos que Internet ha traído consigo.

El dictamen del TJUE parece más un parche para salir del paso que una solución real. El problema de fondo no queda resuelto: aunque la información se elimine de los resultados de búsqueda, continuará alojada en las páginas web en que los datos personales se hubieran editado originariamente y, por tanto, accesibles desde cualquier otro motor de búsqueda que no tenga filial en España. Que no se muestre no quiere decir que no exista o que haya desaparecido de Internet y, el hecho de ocultar o dificultar su acceso, no parece la solución ideal ni, muchos menos, definitiva.